La Política de integridad pública: adoptada en el Decreto 1499 de 2017 que actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – Mipg, como una de las políticas de Gestión y Desempeño.
Esta política pública busca la coherencia de los servidores públicos y entidades en el cumplimiento de la promesa que hace al Estado a la ciudadanía para garantizar el interés general en el servicio público.
El Código de Integridad: Documento que contiene principios y valores que guían las conductas de los servidores hacia acciones morales, efectivas y transparentes, orientando el proceder y la conducta laboral de los servidores públicos y contratistas en la tarea diaria de la Administración. Es el principal instrumento técnico de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Recoge los valores y principios de acción de todos los servidores públicos y de todo el personal que presta sus servicios en la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR. Es nuestro aporte colectivo el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los ciudadanos, desde el ejercicio diario de nuestra labor y en nuestro modo de actuar bajo el sentido de lo público.
Es el medio para comunicarle a la ciudadanía y a la ciudad que hacemos parte del esfuerzo colectivo en la lucha contra la corrupción y en el rechazo de cualquier forma de abuso y detrimento de lo público.
El Código de Integridad de la Caja de la Vivienda Popular contiene los valores y principios que orientan el actuar de todo el personal que presta sus servicios en la CVP, en armonía con los valores del servicio público colombiano y bajo criterios de integridad, transparencia y efectividad.
Valores del código de integridad:
Su implementación permite brindar pautas concretas de cómo debe ser nuestro comportamiento en el ejercicio de nuestra labor, de tal forma que nos identifiquemos como servidores/as Públicos/as, a través de los cinco valores de integridad, adoptando acciones, que permitan fortalecer una cultura organizacional orientada al cumplimiento de la misionalidad de la Entidad.
Estos valores y principios de acción marcan la ruta diaria del servicio de nuestros funcionarios y son la garantía para trabajar con integridad, transparencia y efectividad, y contribuir con ello a recobrar la confianza de los ciudadanos y la legitimidad de la función pública.
