Logro jurídico de la Caja de Vivienda Popular

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En el proyecto Juan Rey en Santa Teresita, localidad de San Cristóbal Sur

Prensa CVP

Por: Edwin Alberto Diaz Baez

Periodista  – Caja de la Vivienda Popular

 

En un significativo avance jurídico, la Caja de Vivienda Popular (CVP) ha logrado la separación de la responsabilidad directa sobre los daños ocasionados en un tubo matriz de acueducto durante el desarrollo del proyecto Juan Rey en Santa Teresita, en la localidad de San Cristóbal Sur. Este logro permite que el proyecto continúe sin que la entidad tenga que asumir responsabilidades económicas inmediatas.

Juan Sebastián Reyes, director jurídico de la CVP, explicó que la situación se remonta a un contrato con la Fiducia Fidubogotá, la cual subcontrató a la constructora Odiko. Durante la construcción, Odiko rompió un tubo matriz subterráneo, lo que obligó a realizar costosas reparaciones. A pesar de que Odiko asumió parte de los costos, la empresa entró en quiebra y dejó la responsabilidad en manos de la CVP como operador urbano.

“El Acueducto exigía que la Caja de Vivienda Popular asumiera una responsabilidad de 4.200 millones de pesos por los daños. Sin embargo, gracias a la intervención de la directora de Urbanizaciones y Titulación, Patricia Pinzón, y de nuestro equipo jurídico, logramos establecer mesas de trabajo y negociar términos más favorables,” detalló Reyes.

Después de varias reuniones y negociaciones, se llegó a un acuerdo en el cual se determinó que la CVP no asumiría la responsabilidad directa por los daños. En su lugar, se llevarían a cabo evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras para determinar los daños y perjuicios. Este acuerdo permitió que se firmara la carta de compromiso sin comprometer patrimonialmente a la CVP, facilitando así la continuación del proyecto y la instalación de agua en los apartamentos construidos.

“La separación de responsabilidades ha sido crucial para el avance del proyecto Santa Teresita, que beneficia a 504 familias. Este éxito refleja la efectividad del equipo jurídico de la Caja de Vivienda Popular y su capacidad para negociar términos que protejan los intereses de la entidad y, al mismo tiempo, permitan la ejecución de proyectos de alto impacto social,” añadió Reyes.

El proceso continuará con evaluaciones técnicas adicionales para determinar la magnitud real de los daños y cualquier posible responsabilidad residual de la CVP. Sin embargo, el avance hasta la fecha representa un logro significativo y un paso adelante en la resolución de este asunto. 

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